09-04-12 | POLÍTICA
Por Silvia Ayuso (DPA)
El país volvió a ser incluido en el Informe Anual sobre países que no cumplen estándares básicos de derechos humanos, junto a Colombia, Cuba y Honduras
Los motivos para incluir un vez más a Venezuela son, según señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe presentado en Washington, por una parte «estructurales», referidos a cuestiones como «modificatorias normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos» en el país, en particular la ya anteriormente criticada Ley Habilitante.
A ello se une, agrega, la «provisionalidad» de jueces y fiscales en Venezuela o el «uso abusivo del Derecho Penal y la afectación a la libertad de expresión». Además se dan «situaciones coyunturales» como las «graves situaciones de inseguridad ciudadana» y la violencia en los centros penitenciarios, añade la CIDH, que entre sus recomendaciones prioriza que Venezuela garantice el «pleno ejercicio de los derechos políticos» de todos los venezolanos y se «abstenga de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política».
El Informe anual de la CIDH, con el especialmente destacado Capítulo IV, es dado a conocer apenas una semana después de que la Comisión celebrara su primera sesión de audiencias del año, en las que Venezuela acusó al organismo de estar «parcializado» en su contra y amenazó con salirse del sistema interamericano.
Junto con otros países como Ecuador y Colombia, Venezuela ha sido uno de los principales impulsores de una serie de «recomendaciones» que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en enero para «fortalecer» el sistema interamericano de derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil las han denunciado, sin embargo, como un intento de debilitar a la CIDH por parte de gobiernos como el de Caracas a los que, afirman, incomoda la actuación de la Comisión.
Entre estas «recomendaciones» figura la propuesta de que el Capítulo IV deje de centrarse sólo en unos pocos países y pase a analizar «todos» los Estados miembros del sistema interamericano, lo que según varias ONG de derechos humanos está dirigido a «limitar la capacidad de acción de la CIDH y la efectividad de algunas de sus herramientas fundamentales».
En la nueva edición de su informe anual, la CIDH subraya que la decisión de incluir a Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras de nuevo en el Capítulo IV fue tomada «por voto mayoritario». Destaca, además, que aunque los cuatro países fueron informados con antelación, sólo Bogotá y Tegucigalpa respondieron y enviaron sus «observaciones» antes de la publicación del informe.
Asimismo, la Comisión, que reiteradamente ha recordado que las «recomendaciones» elaboradas por la OEA no son vinculantes, destaca ahora en este sentido que durante sus discusiones del año pasado el «pleno» de la Comisión decidió «mantener el capítulo IV».
Venezuela y la CIDH mantienen unas relaciones tensas desde 2002, cuando Caracas acusó a su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, de haber reconocido el gobierno de facto de Pedro Carmona tras el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, cosa que el argentino y la organización que dirige han negado fehacientemente.
El 29 de marzo, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, reconoció públicamente que apoyó la candidatura de José Miguel Insulza como jefe del organismo hemisférico a cambio de que éste buscara una forma de que Cantón se marchara de la CIDH, algo que hará ahora el argentino pero, según subrayó, por motivos estrictamente personales.
Las razones por las que junto a Venezuela repiten puesto en la «lista negra» de la CIDH Colombia, Honduras y Cuba son prácticamente las mismas que las han hecho figurar en años anteriores.
En el caso de Colombia, «provienen tanto de su pasado no superado como de situaciones coyunturales y estructurales vigentes en su presente y que afectan grave y seriamente el goce de los derechos humanos», señala la CIDH.
Con todo, la Comisión destaca «esfuerzos dignos de reconocimiento» del Estado colombiano, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada el año pasado, y dice «valorar la disposición del Estado de dialogar con la CIDH de manera constructiva para avanzar con la protección de los derechos humanos» en el país.
De similar manera se expresa la CIDH en el caso de Honduras, país que figura en su «lista negra» a raíz de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país centroamericano desde el golpe de Estado de 2009, si bien la Comisión dice valorar la «disposición del Estado de dialogar de manera constructiva» en esta materia.
Finalmente, de Cuba, la CIDH destaca que la «situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos» debido a las «restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento», así como a la «falta de elecciones, de independencia del Poder Judicial y las restricciones a la libertad de movimiento», no varió durante 2011, motivo por el que la isla se repite en la lista.
En este sentido, puntualiza que si bien la Comisión vuelve a demandar que «termine» el embargo estadounidense contra Cuba, éste «no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana» que describe el informe de la CIDH publicado este lunes.
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